CARLOS Elordi
Habrá que esperar. Pero el mal ya está hecho. La confianza en la justicia, que no era mucha, ha sufrido un golpe terrible cuando la gente se ha enterado de que puede quedar impune uno de los asuntos de corrupción más graves de la historia democrática española. Ayer se hablaba de ello con indignación en los bares de Madrid. Y es que puede que los ciudadanos no sean tan insensibles a la corrupción como se dice. Al parecer, hay cuadros del PP que temen que mucha gente se vuelva en su contra si la trama que este partido ha urdido para lograr la exculpación de los acusados logra su objetivo.
Si eso ocurre, el garantismo que impregna el sistema procesal español, y del que los demócratas deben sentirse orgullosos, habrá permitido que unos delincuentes esquiven la ley. Gracias, eso sí, a dos ingredientes adicionales de excepción. Uno, la calidad profesional de los abogados defensores. Cuestan mucho dinero, pero los acusados lo pueden pagar sin problemas: los investigadores están convencidos de que Francisco Correa tiene 50 millones de euros en cuentas corrientes extranjeras.
Dos, la circunstancia de que bastantes de los jueces que tienen capacidad decisoria en el asunto deben el cargo que ocupan justamente al PP. Porque ese partido controla el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de una década y es ahí donde se han decidido los nombramientos.
Federico Trillo es el cerebro de esa política desde los tiempos de Aznar. Su reciente declaración de que las escuchas a los abogados son «claramente inconstitucionales» sugiere que tiene la voz cantante en el asunto Gürtel. Si la cosa sale como espera, se apuntará un tanto. Pero no deja de ser indecente que él sea la misma persona que ha permitido que sus subordinados sean condenados en el proceso del Yak 42, mientras él salía indemne.
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
